Ocho de los 12 impulsores de la Superliga ahora declaran lealtad a la UEFA | Fútbol | Deportes
En 2021, el Gobierno británico, por iniciativa de Isabel II y del entonces primer ministro, Boris Johnson, redactó un decreto que amenazaba con expropiar a los clubes de fútbol que se unieran a cualquier competición que rompiera con el orden establecido por la Football Association, la federación más antigua que existe, miembro egregio de la UEFA y de la FIFA. El decreto nunca se promulgó: no fue necesario. Bastó con prepararlo, a modo de arma disuasoria. La medida, un gesto extraordinario en la cuna del libre comercio, fue la reacción urgente al anuncio de la creación de la Superliga de Europa, el 19 de abril de aquel año, en plena pandemia. Lo cuenta un dirigente de un club de la Premier bajo condición de anonimato. Su club, explica, fue uno de los 12 firmantes del manifiesto de constitución del proyecto cismático que encabezó Florentino Pérez como alternativa a la Champions de la UEFA. Un plan original que vivió poco menos de 48 horas, y sobre el que todavía pesa la condena de la Corona británica, patrocinadora del fútbol como bien de interés cultural en el país que lo inventó.
Entre la mañana del 20 y la tarde del 21 de abril de 2021, según el relato de esta fuente, los propietarios de los seis clubes de la Premier complotados con la Superliga recibieron un aviso del Gobierno. Existía un decreto listo para ser publicado y apuntaba directamente a la expropiación. Joseph Lewis, dueño del Tottenham; Joel Glazer, dueño del Manchester United; John Henry, del Fenway Sports Group que controla el Liverpool; Roman Abramovich, entonces dueño del Chelsea; Stan Kroenke, propietario del Arsenal, y el jeque Mansour bin Zayed, dueño del Manchester City, recibieron la noticia de Downing Street con espanto. Antes de que se pusiera el sol el 21 de abril, todos habían presentado su renuncia al proyecto. Con ellos arrastraron al Atlético de Madrid, al Milan y al Inter.
El pasado 7 de noviembre, el rey Carlos III anunció ante el Parlamento que en 2024 se promulgaría la Ley de Gobernanza del Fútbol. La norma, confeccionada con la colaboración de la FSA, la asociación de hinchas de Inglaterra y Gales, garantiza la introducción de un órgano de fiscalización de los clubes de fútbol. Según el Gobierno británico, la “salvaguarda” del fútbol será responsabilidad de un regulador independiente que controlará el régimen de licencias para operar en Inglaterra y Gales. En palabras del Gobierno, “tendrá poderes para monitorizar e imponer el cumplimiento de requisitos en materia financiera, gobernanza corporativa, régimen propietario mediante tests a los dueños y ejecutivos; vinculación con los hinchas y protección de la herencia cultural; así como para aprobar la participación en competiciones”. Los hinchas de cada club, reunidos en asociaciones, dispondrán de más competencias que nunca. La acción de oro los facultará para vetar decisiones de carácter existencial, como el cambio del escudo, la camiseta, la localización del campo, o la participación en torneos que rompan con el orden establecido por la federación inglesa (FA).
Ninguno de los nueve clubes arrepentidos, ni en las Islas ni en el continente, volvió a pronunciarse públicamente en favor de nada parecido a un torneo al margen de los reguladores históricos. Tampoco lo hicieron el jueves, tras conocer que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, última instancia que se suponía que alumbraría el camino a seguir tras una larga batalla jurídica, censuraba a la UEFA y a la FIFA por abuso de posición dominante en la aplicación de sus normas de admisión de otros organizadores de torneos. Al contrario. Lejos de aplaudir la decisión del TJUE, los seis clubes ingleses emitieron un comunicado prácticamente idéntico en el que señalaban que la sentencia no alteraba su postura. “Nuestra posición no ha cambiado; creemos firmemente que trabajando con la Premier, la FA, la Asociación de Clubes Europeos, la UEFA y la FIFA, continuaremos desarrollando el fútbol para beneficio de todos”, declaró el Chelsea en un escrito que prácticamente reproducía palabra por palabra los emitidos por United, Liverpool, Tottenham, City y Arsenal. De los nueve arrepentidos, solo el Milan permaneció en silencio el jueves: ni comunicado de apoyo a la UEFA ni enhorabuena por el fallo del TJUE.
Pocos casos de viraje resultan más radicales que el del Atlético de Madrid, que pasó de unirse a la Superliga a abrazar la causa de la UEFA por medio de Miguel Ángel Gil. El director general rojiblanco es desde septiembre miembro del comité ejecutivo de UEFA en representación de la Asociación Europea de Clubes (ECA) de la cual es ejecutivo. La Juventus, el Madrid y el Barça abandonaron la ECA en 2021. Los demás regresaron. También el Atlético, que el jueves se mostró insensible a la decisión del TJUE en un comunicado: “La familia del fútbol europeo no quiere la Superliga. Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, y España (a excepción de Real Madrid y Barcelona) no quieren la Superliga”.
Donde las calles no tienen nombre
Respecto a los tres clubes que permanecieron embarcados en la empresa cismática, su reacción a la sentencia tampoco fue unánime. Real Madrid y Barcelona, mediante sus presidentes Florentino Pérez y Joan Laporta, celebraron que la Justicia Europea definiera a la UEFA como un monopolio y anunciaron al unísono la gestación de una oportunidad “histórica” para refundar el fútbol gracias al advenimiento de una era de “libertad”. Pero la Juventus, el tercer miembro recalcitrante, no emitió ningún comunicado oficial. Solo se pronunció Andrea Agnelli, quien fuera su presidente, dimitido hace un año con toda su junta tras conocerse que la fiscalía italiana investigaba las cuentas del club por presunto fraude. Agnelli empleó la red social X, antes Twitter, para colgar su primer post, tras un año de silencio. El mensaje concentró toda la oscuridad de las profecías oraculares: la letra de la canción Where the Streets Have no Name, de U2, y una coda: “Amo el fútbol”.
El fallo del TJUE sobre la autorización previa de competiciones de fútbol por parte de la UEFA abre el melón del enigma. Primero, amonesta a la UEFA porque hasta 2022 controló la entrada y salida del mercado del fútbol sin atenerse a criterios transparentes, ni objetivos, ni proporcionados, y esto dio lugar a arbitrariedad y discriminación. Segundo, advierte de que “una competición como la del proyecto de la Superliga no debe ser necesariamente autorizada” si primero no cumple con esos mismos criterios.
La justicia ha llegado al límite. El marco jurídico del fútbol se ha abierto a un mundo nuevo. Más allá, se presenta un dilema que solo pueden resolver los clubes. Y los clubes, de momento, no parecen muy convencidos de renunciar a la Champions League de la UEFA para emprender el camino todavía desconcertante de la Superliga.
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